El Senado de Uruguay aprobó el 16 de octubre de 2025, con 20 votos a favor de 31, la ley de eutanasia, conocida como “Muerte digna”, tras su media sanción en la Cámara de Diputados en agosto. Impulsada por el Frente Amplio, esta norma convierte a Uruguay en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia mediante una ley, uniéndose a naciones como Canadá, Países Bajos, Nueva Zelanda y España.
La ley permite la “muerte asistida” bajo condiciones estrictas: ser mayor de edad, ciudadano o residente uruguayo, estar psíquicamente apto y padecer una enfermedad terminal incurable o sufrimientos intolerables que deterioren gravemente la calidad de vida.
El proceso requiere que el paciente solicite la eutanasia por escrito ante testigos, con la opción de retractarse en cualquier momento. Un médico puede rechazar la solicitud, pero el paciente puede acudir a otro profesional. Si persiste el rechazo, una junta médica de tres especialistas (un psiquiatra, un experto en la patología y un tercero) evaluará el caso. Un segundo médico debe confirmar el diagnóstico tras revisar el historial y consultar al paciente. Las instituciones de salud pueden optar por no realizar el procedimiento.
La ley ha generado debate. La Iglesia Católica expresó su “tristeza” tras la aprobación en Diputados, mientras más de diez organizaciones civiles criticaron la redacción del texto por considerarlo “deficiente y peligroso” debido a posibles vacíos legales.
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