A partir de 2026, República Dominicana implementará una nueva cédula de identidad: un documento físico de policarbonato con chip electrónico seguro, datos biométricos (huella dactilar y fotografía), código QR y firma digital. Este formato permite no solo la identificación tradicional, sino también usos digitales como autenticación en línea, firma electrónica y acceso controlado a servicios públicos. El gobierno y la Junta Central Electoral (JCE) lo presentan como un paso hacia la modernización: mayor seguridad contra el fraude, integración con trámites como licencias de conducir o registro de donantes de órganos, y una reducción de la suplantación de identidad.
Sin embargo, este avance trae consigo preocupaciones legítimas sobre privacidad y control. Una vez que la cédula se integra con sistemas digitales —como cuentas bancarias, plataformas de pago o servicios gubernamentales—, existe el riesgo de que el Estado o entidades autorizadas puedan bloquear fondos, restringir transacciones o limitar el acceso a recursos financieros sin un proceso judicial claro ni explicación inmediata. No se trata de una especulación infundada: si la cédula se convierte en el único medio de verificación fuerte, cualquier error, decisión administrativa o abuso de poder podría congelar el dinero de un ciudadano de forma inmediata y sin recurso efectivo.
Elon Musk ha criticado abiertamente este tipo de sistemas de identificación digital, calificándolos como “prisión digital”. Argumenta que concentran un poder excesivo en manos de gobiernos o grandes corporaciones, facilitan la vigilancia masiva y abren la puerta a mecanismos de control social similares a los vistos en otros países. En un contexto donde la tecnología ya permite rastrear movimientos, compras y comunicaciones, vincular todo a un identificador único amplifica estos riesgos.
Otro punto crítico en República Dominicana es el manejo irregular de los datos de identidad. Se han documentado casos en los que personas haitianas indocumentadas han obtenido o utilizado cédulas de ciudadanos dominicanos, incluso fallecidos, lo que evidencia fallas graves en el sistema actual de registro y control. Estas irregularidades, que algunos señalan como toleradas o facilitadas desde altos niveles, generan desconfianza profunda: si la base de datos no es limpia y exclusiva para nacionales, la nueva cédula podría perpetuar o incluso agravar la manipulación de identidades, afectando la soberanía y la seguridad nacional.
En cuanto a las redes sociales y plataformas digitales, el escenario futuro es aún más inquietante. Es probable que, en los próximos años, empresas como Google, Meta (Facebook, Instagram) o incluso X requieran verificación de identidad con la cédula para acceder a ciertas funciones, combatir cuentas falsas o cumplir regulaciones. Aunque esto podría reducir el anonimato malicioso y el acoso, también implica que el Estado o intermediarios tendrían acceso indirecto a la actividad en línea de los ciudadanos. Un perfil vinculado a la cédula podría ser suspendido, monitoreado o censurado por motivos administrativos o políticos, limitando la libertad de expresión.
Frente a esto, las alternativas descentralizadas cobran relevancia. Plataformas como Mastodon, que operan en servidores independientes y federados, permiten a las personas crear sus propios espacios sin depender de una única entidad central. Aunque requieren esfuerzo técnico y mantenimiento (como financiar servidores o unirse a comunidades existentes), ofrecen un escape real a la concentración de control y un modelo más resistente a la censura o vigilancia masiva.
La tecnología digital trae indudables beneficios: comodidad, eficiencia y mayor seguridad en trámites cotidianos. Pero estos no deben venir a costa de la libertad individual. Para evitar que se convierta en un instrumento de control excesivo, es imprescindible exigir:
- Leyes robustas de protección de datos personales, con sanciones claras por mal uso.
- Transparencia total en la gestión de la base de datos de la JCE.
- Prohibición expresa de cruzar información biométrica con cuentas bancarias o financieras sin consentimiento explícito y judicial.
- Opción permanente de identificación física offline.
- Garantía de que los datos de identidad sean exclusivamente de ciudadanos dominicanos y estén protegidos contra manipulaciones.
No se trata de rechazar el progreso, sino de defender que el avance tecnológico sirva al ciudadano y no al revés. Informémonos, debatamos y exijamos que la nueva cédula sea un instrumento de inclusión y no de exclusión o vigilancia. La libertad no se negocia por comodidad.
