KINGSTON. – Después de
una exitosa misión de libertad de prensa a la República Dominicana, El
Instituto Internacional de Prensa (IPI, por sus siglas en inglés),
espera volver pronto a ese país para responder a la invitación hecha la
semana pasada por la Cámara de Diputados para asesorar en reformas
legales.
Durante una reunión entre la Comisión de
Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados y la delegación del
IPI que visitó Santo Domingo, el diputado Carlos Gabriel García dijo que
los legisladores esperan contar con la asesoría del IPI al momento de
hacer las reformas a la Ley 6132 de Expresión y Difusión del
Pensamiento, la cual, entre otras cosas, podría despenalizar la
difamación.
El proyecto de ley está ahora en manos
del Poder Ejecutivo y se espera que pronto pase a la Cámara de
Diputados. “Inmediatamente se inicien los debates, contamos con ustedes
para abordar (el tema) no con visión local, sino desde el derecho
comparado a nivel mundial para dar el salto en la materia”, dijo García.
El diputado Elpidio Báez dijo esperar que el contenido del proyecto en
discusión sea “una pieza que pueda satisfacer al IPI”.
La reunión con los diputados fue parte
de la misión de libertad de prensa a República Dominicana que llevó a
cabo una delegación del IPI encabezada por Alison Bethel McKenzie,
directora ejecutiva de la institución. Pavol Mudry, vicepresidente de la
junta directiva del IPI; John Yearwood, editor del Miami Herald y
miembro del IPI; y Mariela Hoyer Guerrero, asesora de libertad de prensa
del IPI para América Latina y El Caribe, formaron parte del grupo que
se reunió con autoridades, periodistas, ejecutivos de medios y
representantes gremiales.
“Estamos muy emocionados por una misión
exitosa a República Dominicana y por el fuerte deseo de despenalizar la
difamación entre la fraternidad de los medios y muchos funcionarios
públicos. En función de eso vamos a trabajar diligentemente con nuestros
aliados”, aseveró Bethel McKenzie.
La misión del IPI encontró un clima
favorable hacia la despenalización de los delitos de difamación. Los
políticos dijeron estar convencidos de la importancia de respetar la
libertad de prensa, mientras indicaron que los procedimientos legales
contra periodistas en el país nunca terminan en pena de cárcel.El IPI ha
argumentado a lo largo de su misión al Caribe (con visitas a Barbados,
República Dominicana, Jamaica y próximamente Trinidad y Tobago), que si
la ley no es usada, no debería permanecer en los libros, pues basta que
alguien se moleste con una publicación, para que saque provecho de la
legislación vigente.
El IPI se inclina más bien por un tratamiento civil
de los casos, evitando sentencias que terminen en prisión.
El Procurador General de la República
Dominicana, Radhamés Jiménez Peña, se declaró un abanderado de la
libertad de expresión y respaldó la posición del IPI en cuanto a optar
por sanciones civiles y no penales en los casos de difamación. También
reconoció que las figuras públicas deben mostrar apertura y aceptar el
escrutinio. En cuanto al tiempo esperado para los cambios a una ley que
calificó de obsoleta, indicó: “No dilatará mucho, porque hay una
creciente sensibilidad por el tema”.
El IPI, gracias al apoyo local del
Colegio Dominicano de Periodistas, se reunió también con abogados
expertos en los delitos de prensa y con periodistas que ofrecieron un
panorama general de la libertad de prensa en el país.
Del mismo modo,
fue posible conversar con Johnny Alberto Salazar, periodista radial que
fue condenado a principios de año a seis meses de prisión y una multa de
un millón de pesos. Su caso fue desestimado el pasado 5 de junio por
una corte de apelación.
Entre los temas de preocupación para el
IPI resaltan la presencia en los medios de personas no vinculadas al
periodismo, que han sido cuestionados por el manejo político de la
información; así como el hecho de que bajos salarios en los medios
generen una situación en la que los periodistas tengan dos trabajos,
siendo uno de ellos en instituciones del Gobierno.
Actualmente, la República Dominicana
discute la posibilidad de crear un Código de Comunicación, la unión de
varias leyes que abordan áreas como el cine, la televisión, la radio y
la colegiación de los periodistas. Al respecto, Pavol Mudry destacó:
“Pareciera que República Dominicana está encaminada hacia una
legislación de medios de calidad que sirva de marco para su trabajo.
Quizá los medios deberían hacer más para explicar al público las tareas y
necesidades”. El vicepresidente del IPI explicó que la discusión no
debe ser entre la industria de los medios y los políticos, pues a su
juicio debe involucrar a la ciudadanía.
